El sistema electoral Español

2011-01-09T08:29:00.000-08:00

A continuación dejo un trabajo realizado por mi en el 5º curso de la Licenciatura de Historia, en la asignatura Historia Política de España Contemporánea impartida por la Catedrática teresa Carnero Abat, en la Universidad de Valencia.

Las tablas no se ven especialmente bien, pero me temo que un blog no es el mejor sitio para estas cosas. Espero que a quien le interese le sirva para entender un poco mejor los problemas del sistema electoral, aunque solo sea por encima, debido a la limitación de espacio que imponían los requerimientos del trabajo.

El sistema electoral Español (1976 – 2008): creación, contexto y evolución

1. Introducción histórica

1.1. Contexto general

Con la muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde el 20 de noviembre de 1975, se abre en España una nueva etapa de su historia política caracterizada por una serie de reformas más o menos rápidas que llevaron a la instauración de un sistema democrático con respecto a la pluralidad, vigencia del Estado de derecho y libertades personales y colectivas, todo ello de forma generalmente incruenta y consensuada. No obstante, el proceso que hoy conocemos como Transición no se inicia hasta un tiempo después de la muerte del fundador del anterior régimen dictatorial. Independiente de la fecha, más o menos discutida por los académicos, que tomemos como punto de partida del proceso, (la coronación Juan Carlos como rey de España y sucesor político del generalísimo o la aprobación en las cortes orgánicas del régimen de la Ley para la Reforma Política, etc.) el momento inicial clave para el propósito de este trabajo es la selección por parte del rey y Fernández-Miranda, su antaño mentor y presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, de Adolfo Suárez González como Presidente del Gobierno, con el encargo de liderar un proceso de apertura política.

Si bien la inesperada elección respondía a un interés de Fernández-Miranda de contar en el cargo con un individuo que conjugase adecuadamente la falta de principios políticos definidos con cierta manejabilidad, pronto se evidenció que el proyecto de transición de Adolfo Suárez iba cobrando autonomía y adquiriendo rasgos propios conforme se desarrollaban los acontecimientos. [1]

Suárez y su nuevo gobierno pronto descubrieron, además de las dificultades intrínsecas del proceso, una paradoja fundamental de su programa. Ésta era que si pretendían ser los pilotos durante el largo trayecto de la transición, llegaría un momento en que ya no podrían hacerlo sobre la base de su legitimidad y poder franquistas, cuando se diera paso a instituciones democráticamente formadas, y deberían, de no hacer algo para remediarlo, ceder el mando a líderes elegidos a través de la manifestación de la voluntad ciudadana consultada en las urnas. La propia reforma que querían impulsar les impediría concluir buena parte de su obra, que quedaría en manos ajenas a su control, con los peligros que ello conllevaba. Peligros, por otra parte, no sólo de que el proceso tomara derroteros indeseados o que sus resultados no se ajustasen a lo esperado por ellos, sino incluso de que éste fracasase. La solución vino de la mano de la ingeniería electoral y la oportunidad que les brindaba el poder de establecer la legislación que debía regir las futuras convocatorias electorales.

Si bien la transición española ha sido categorizada por el politólogo José María Maravall como un proceso desarrollado “desde arriba”, pero relativamente sensible a las presiones ejercidas por la ciudadanía a través de movimientos sociales y organizaciones políticas “desde abajo” [2], hemos de decir que todo lo referente a la conformación del actual sistema electoral, especialmente el Real Decreto-ley sobre Normas Electorales [3], fue siempre manejado por Suárez y sus hombres de confianza de manera independiente y de acuerdo a los principios que ellos mismos convinieron [4]. A esto sólo cabría matizar, quizás, la negociación llevada a cabo en el seno de las Cortes orgánicas con motivo de la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 1976 [5], como veremos más adelante.

1.2. Desarrollo legislativo del sistema electoral español

A pesar de que hasta el año de 1977 no se publicaría la primera legislación relativa al funcionamiento del sistema electoral, podemos encontrar algunos de sus aspectos ya recogidos con anterioridad en una ley de importancia primordial para el proceso de la transición, lo que nos dará una idea del papel fundamental que tenía el mecanismo electoral que iba a regir las futuras votaciones para los arquitectos del proceso. Nos referimos lógicamente a la Ley para la Reforma Política, discutida por las Cortes franquistas durante los últimos meses del 76, aprobada por referéndum el día 15 de diciembre de ese mismo año, y publicada en enero del 77. Como sabemos, esta ley fue la clave para que todo el desarrollo de la transición se desenvolviera dentro de la legalidad, sin romper en ningún momento con el sistema del anterior régimen, para llegar a un nuevo edificio legal democrático. Este aspecto fundamental de la estrategia del presidente Suárez le venía de la obsesión de Fernández-Miranda de proceder “de la ley a la ley” [6] y, en buena parte, buscaba no soliviantar a los sectores duros del régimen que podían obstaculizar la reforma. En este contexto podemos comprender la parte del debate de la Ley para la Reforma referente al futuro sistema electoral que debía establecerse para la conformación de las futuras cortes democráticas que la nueva ley posibilitaba.

El recién formado grupo de Alianza Popular, encabezado por el exministro Manuel Fraga, fue un núcleo dispuesto a disputar a Suárez durante todo el proceso de reforma la dirección de la misma. Formado por antiguos políticos de primera fila del régimen, se mostraban proclives a la apertura política, pero con la aspiración de poder ejercer una influencia moderadora sobre ella, como se reflejaba en su predilección por un sistema mayoritario al estilo inglés, que debía favorecer la formación de dos grandes bloques políticos en torno al centro que se turnasen en el poder garantizando una extraordinaria estabilidad a los gobiernos. Fernández-Miranda, por su parte, aberraba un sistema que podía producir los mismos efectos perniciosos que el sistema electoral de la II Republica, amenazando con revivir la fractura de la sociedad española en un proceso creciente de polarización. Así, la intención del Gobierno fue siempre optar por un modelo más proporcional que permitiese cierto pluralismo en las cámaras. [7]

Podría parecer que la resolución final de adoptar un sistema proporcional con “correctivos a la proporcionalidad” como finalmente se hizo, se debía a una solución de consenso entre ambas posturas, concretamente, el establecimiento de la provincia como circunscripción electoral. Pero nada más lejos de la realidad. Desde el primer momento el gobierno supo que para sus cálculos electorales la introducción de un mecanismo de este estilo, disfrazado como forma de aumentar la representación territorial, le era sumamente beneficioso de cara al modelo electoral que querían desarrollar. [8] El éxito del gobierno en este aspecto del debate fue hacer pasar por concesión la que sería su mejor baza en el futuro, como demostraremos más adelante.

Todas las reglas electorales recogidas junto a ésta en 1976 por las Cortes autoritarias llamadas a desaparecer, se plasmarían finalmente en un Real Decreto-ley sobre Normas Electorales, del 18 de marzo de 1977 que vendría a configurar todos los elementos del sistema electoral español que tenemos desde entonces hasta hoy: cámara baja de 350 diputados, circunscripción provincial, aplicación de la Ley d’Hont, etc. Fue por esta norma se rigieron los procesos del 77, 79 y 82. Hasta tal punto eran primordiales para el ejecutivo alguno de estos preceptos que consiguieron blindarlos incorporándolos a la Constitución del año 78. Por ejemplo, nos referimos al tamaño mínimo y máximo de la cámara baja o la proporcionalidad del sistema, en el artículo 68.1; o, sobretodo, la provincia como circunscripción electoral y una asignación mínima por cada una según establezca la Ley, en el 68.2.

No sería hasta el 19 de junio de 1985 cuando finalmente se aprobase la definitiva Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ya por un gobierno democráticamente electo en las urnas. El responsable fue el ejecutivo socialista de Felipe González, quien, en la práctica, mantuvo intactos los fundamentos del sistema electoral establecido en 1977. Aunque posteriormente se han podido llevar a cabo modificaciones sobre la Ley, nunca se centraron en los aspecto básico del sistema electoral, que perdura hasta nuestros días. [9]

2. Mecanismo básicos de funcionamiento

2.1. Rasgos definitorios del sistema electoral

Es conveniente ahora definir rápidamente los aspectos más característicos del sistema electoral de cara al análisis de su funcionamiento y objetivos.

Empezando por lo fundamental, la Cámara de los Diputados cuenta en la actualidad, y desde su creación, con 350 diputados, según fija la LOREG [10], a pesar de que la Constitución abra el margen entre los 300 y 400 diputados [11]. A reglón seguido encontramos también la provincia como la circunscripción electoral, incluyendo Ceuta y Melilla [12], de lo que se deriva necesariamente el número de circunscripciones que componen el sistema, 52: una por cada provincia y ciudad autónoma. Posteriormente, a cada una de estas se le asignan un número mínimo inicial de dos diputados, excepto Ceuta y Melilla con uno, es decir102 diputados, a los que se les sumarán los restantes diputados (248) de forma proporcional en función del número de electores de cada circunscripción [13]. De esta manera obtenemos circunscripciones que oscilarán entre dos (Soria, sin contar las ciudades autónomas) y treinta y cinco diputados (Madrid). La formula electoral por la que los diputados asignados son electos en cada una de las circunscripciones es la Ley d`Hont [14], mecanismo matemático que premia a los partidos más votados de cada circunscripción (Anexo 1). Finalmente, se establece un porcentaje mínimo de votos para que un partido pueda obtener diputados, concretamente el 3%. Es reseñable que este porcentaje se aplique al número de votos de cada circunscripción, no al total nacional.

2.2. Efectos sobre la proporcionalidad

A continuación pasaremos a analizar las dos principales desviaciones que el sistema electoral español asume con respecto al ideal de proporcionalidad y representatividad: la proporcionalidad y la vulnerabilidad (Anexo 2).

Con respecto al primero de estos ideales a los que todo sistema, en mayor medida, debe aspirar: la proporcionalidad, podemos decir que en el caso del sistema electoral español nos encontramos con una realidad sumamente variada. Esto se debe a que al ser la provincia la circunscripción electoral, podemos encontrarnos diferentes grados de proporcionalidad en cada una de ellas. Para ilustrarlo tomaremos como ejemplo dos casos extremos: las Provincias de Teruel y Barcelona. En un hipotético sistema electoral de proporcionalidad perfecta, cada diputado sería elegido entre un número igual (o muy similar) de votantes independientemente de su adscripción territorial. Veamos pues que en el caso de España, en las últimas elecciones generales de 2008, Teruel contaba con 110.524 electores y Barcelona con 3.879.777, pero en contra de lo que la proporcionalidad marcaría como deseable, Teruel ELIGE 3 diputados (uno por cada 36.841 electores) y Barcelona, 31 (uno por cada 125.154). Es decir, un diputado barcelonés es 4 veces “más caro” que uno turolense [15] y éste es un esquema que se repite en mayor o menor medida en el resto del país: aquellas circunscripciones menos pobladas cuentan con una generosa sobrerrepresentación inversamente proporcional a su población. Por el contrario, aquellas como Barcelona, Madrid, Sevilla, etc. cuentan lógicamente con una ligera infrarrepresentación, teniendo en cuenta que todo sistema electoral es un juego de “suma cero”.

2.3. Vulnerabilidad

Como en el caso anterior, la vulnerabilidad es un efecto que tiene un impacto diferente en cada circunscripción en función de su tamaño. El votante más vulnerable sería aquél que residiera en las provincias más pequeñas, en aquéllas cuyo número de diputados asignados fuera menor, y el menos vulnerable sería el de aquéllas circunscripciones con un mayor número de diputados, en relación inversamente proporcional.

Volviendo al ejemplo anterior, Barcelona y Teruel, observamos en el Anexo 2 que en 2008 en Barcelona se disputaban 31 escaños, a los cuales cualquier partido podía acceder fácilmente si obtenía de media un 3,1% de los votos. De hecho, hasta 5 partidos obtuvieron representación parlamentaria en una única circunscripción (PSC-PSOE, CiU, PP, ERC, ICV-EUIA), siendo relativamente sencillo para un partido obtener representación para los votantes que han depositado en él su confianza. No obstante, en el caso de Teruel del mismo año observamos que únicamente tenía asignados 3 diputados, cada uno de los cuales requería una media del 25% de votos en urna. Esto implica dos cosas: en primer lugar, que en Teruel sólo podrán salir electos un máximo de 3 representantes de partidos diferentes, y en segundo lugar, que es necesario un número porcentual sumamente elevado para conseguir cada diputado. Esto, junto al mecanismo de la Ley d’Hont, se traduce en que en todas las convocatorias únicamente los dos partidos mayoritarios han conseguido esa representación por la Provincia de Teruel en un resultado de 2 para el primero y 1 para el segundo (en 2008, 2 para PSOE y 1 para PP), nunca un resultado 1:1:1. Es a esto a lo que llamamos vulnerabilidad, a la incapacidad del votante para poder votar a su partido predilecto a menos que sea una de las opciones más votadas: mayor, contra menor sea el número de diputados en la circunscripción.

Este efecto además tiene dos consecuencias de carácter “psicológico” sobre el votante: el “voto útil” y la propensión a la abstención. En aquellas provincias especialmente afectadas por la vulnerabilidad, el votante cuyas preferencias no coincidan con las mayoritarias se ve abocado a sacrificar su primera opción de voto a favor de alguno de los partidos potencialmente representados en el congreso (voto útil) o a la abstención. Aún le quedaría la posibilidad de votar por su primera opción, pero esto sería poco menos que un brindis al sol. Así, se da la paradoja de que el voto se concentra en las opciones más votadas de cada circunscripción debido al “aprendizaje” que el votante ha adquirido gracias al sistema electoral o debido a la abstención. La paradoja se encuentra en que cada vez los partidos sin representación están menos “injustamente” representados porque, de hecho, obtienen menos votos con cada convocatoria. El ejemplo paradigmático es el PCE-IU, que en cualquiera de las 8 provincias que, como Teruel, tiene 3 diputados asignados, nunca ha conseguido ningún diputado y sus votos han carecido de valor alguno, yendo a parar siempre la representación a los partidos mayoritarios (ya fueran UCD y PSOE o PP y PSOE) (Anexo 3).

3. Intencionalidad política en el sistema electoral

Podemos ahora intentar explicar por qué los rasgos que definen el sistema electoral fueron los escogidos por sus artífices, o lo que es lo mismo, podemos reseñar los principales logros de este.

En primer lugar hay que reconocer que el sistema ha proporcionado sólidas mayorías a los partidos gobernantes de tal manera que nunca ha necesitado formarse una coalición de gobierno entre dos partidos, lo cual se traduce en gobiernos sumamente largos y estables. (Anexo 4).

En segundo lugar, muchos expertos coinciden en señalar la capacidad del sistema para contener la entrada de un excesivo número de partidos pequeños en las Cortes que dificultase la culminación de acuerdos y la estabilidad del gobierno (Anexo 4). [16]

Finalmente, permitió la integración con una representación sustancial de los partidos nacionalistas, de modo que el sistema contase con legitimidad en los momentos iniciales de la transición en los que la exclusión política era uno de los principales recelos de la oposición. [17] Todo ellos, claro está, dentro de un sistema (suficientemente) proporcional y que recogiera cierta dimensión “territorial”.

Pero este último elemento es en el que encontramos que la teoría no encaja con la práctica de los resultados electorales y la dinámica parlamentaria. Aunque los diputados sean escogidos en circunscripciones provinciales en calidad de representantes de dicha provincia en la cámara baja, es sabido que rara vez cumplen esa función y que la fidelidad de un representante es en primer lugar para su partido, y no frente a sus votantes, de los que ya no es responsable. [18]

¿Por qué entonces fue este el mecanismo escogido por los hombres de Suárez para fundamentar el sistema electoral? ¿Por qué la provincia debía ser el ámbito de representación electoral cuando el que estaba llamado a ser ámbito político-económico preferente en España era la comunidad autónoma? Sencillo, porque era un truco sumamente beneficioso.

Siguiendo la lógica del sistema podemos imaginarnos en qué pensaba el gobierno de Suárez en el año 76 y 77. Debían ser capaces de continuar dirigiendo el proceso una vez que se convocasen las primeras cortes democráticas y, después, cuando entrase en vigor la Constitución. A esas alturas todavía ni tan siquiera tenían un partido, pero sabían que sería el centro-derecha del espectro. A estos datos se sumaban los sondeos, que les otorgaban algo menos del 40% de los votos, con lo que ya tenían un objetivo claro: el sistema electoral debía permitirles obtener mayoría absoluta con apenas un 37% de los sufragios.

Así pues, consistía en sobrerepresentar aquellas zonas más favorables para ellos: el centro derecha alcanzaba sus mejores resultados en las zonas de interior, las más despobladas. Con esto en mente, establecieron la provincia como circunscripción y, con el pretexto de la representación territorial, establecieron una cuota mínima de diputados por circunscripción. Los adecuados cálculos matemáticos les indicaron que el número óptimo para ellos eran 2 diputados por provincia, que sumados a los diputados proporcionalmente repartidos, formaban una “bolsa” de 8 provincias con 3 diputados cada una, en los que de manera invariable obtendrían con el 40% de los sufragios el 66% de los escaños (como hemos visto, el resultado habitual era 2:1, lo cual sólo era posible con 3 diputados. Un número mayor o menor podría dar resultados más igualitarios y/o dispersos: 1:1, 2:2 o incluso 2:1:1). Así pues, regalaban 16 escaños a 8 provincias poco pobladas en las que, de esta manera, conseguirían 16 escaños de forma segura, a la par que otorgaban 8 escaños al centro-izquierda, asegurando otro objetivo del sistema: la formación de un grupo parlamentario opositor en condiciones de suficiente igualdad (Anexo 3). Además, hay que tener en cuenta que si a aquellas provincias que proporcionalmente no merecían más de un diputado se les otorgan 3 o más, esos diputados están siendo sustraídos de provincias cuya representación debería ser mayor y que, no casualmente, tenían una intención de voto más progresista y mucho más fragmentada. [19]

Algunos especialistas han considerado el sistema electoral español como compuesto por tres sistemas diferentes. Un primer sistema sería “proporcional”, en las 6 provincias más pobladas, con 10 o más escaños, que representa un 33% del Congreso y que arroja resultados sumamente proporcionales en relación con el número de electores y votantes con el número de representantes, además de una considerable fragmentación partidista. El segundo sistema sería de tipo “mayoritario” en los 30 distritos con 5 o menos representantes, con otro 33% de los representantes y que favorecería la concentración de votos y representantes en los dos grandes partidos de ámbito nacional. El último sería un sistema intermedio con el 34% de la cámara baja, con un grado también intermedio de sus efectos entre los dos anteriores. [20] Esto sería lo que se ha venido a llamar “sistema representativo con correctivos a la proporcionalidad”, debido a este funcionamiento y a los resultados que ya hemos visto.

Pronto comprobaron los “ingenieros electorales” que el sistema funcionaba, y que la UCD de Suárez conseguía una sólida representación gracias a un sistema elaborado a su medida. [21] No obstante, hay que matizar que, a pesar de que en un principio el sistema favoreciera a un partido concreto, esto se debía a unos cálculos electorales puntuales de esa determinada coyuntura y que el sistema electoral creado en el 77 mantenía a posteriori unos mecanismos que favorecerían la gobernabilidad manteniendo un relativo nivel de proporcionalidad. O lo que es lo mismo, permitió mayorías simples o absolutas a gobiernos de diferente color mientras que las minorías nacionalistas y nacionales conseguían una representación más o menos sustancial. Hay que reseñar aquí que el mismo sistema que permitió a UCD colocarse como la primera fuerza política con apenas necesidad de apoyo en 1979, le perjudicó gravemente en 1982, cuando se vio relegado a ser la tercera fuerza política en votos, perdiendo en una sola convocatoria más de 150 diputados.

En conclusión, podemos decir que el sistema electoral ha cumplido desde su creación con varios objetivos que estaban al servicio del éxito del proceso de transición y consolidación de la democracia, pero que de paso, también llevaba en su seno mecanismos muy ingeniosos que permitieron al partido del gobierno saliente una cómoda entrada en el juego electoral. Estos mecanismos perduran hoy favoreciendo o perjudicando a determinadas agrupaciones o, en cualquier caso, actuando sobre una realidad histórica y política muy diferente a la de entonces, a veces arrojando resultados sumamente discutidos por impropios de un sistema que se dice proporcional. Y no sólo por eso el debate de la reforma del sistema electoral se reabre con cada nueva convocatoria; es indudable que el mecanismo electoral tiene una parte de culpa en el desapego general que la ciudadanía siente hacia la práctica política, obligada como se ve, en muchos casos, a sacrificar sus preferencias o a permanecer en casa cada cita electoral.

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[1] C. Powel, España en democracia, 1975-2000. Las claves de la profunda transformación de España. Plaza Janés, Barcelona 2001. pp 176.

[2] J.M. Maraval, La política de la transición 1975-2000. Taurus, Madrid 1981.

[3] Real Decreto-ley sobre Normas Electorales del 18 de marzo de 1977.

[4] J. Urdánoz Ganuza, “Ingeniería del sufragio. Artimañas electorales vs. valores democráticos”. Claves de la Razón práctica. nº 180, 2008, pp. 65-66.

[5] Ley para la Reforma Política del 4 de enero de 1977.

[6] C. Powel, op. cit., pp. 166.

[7] J.M. Colomer, “Breve historia del Sistema Electoral en España”. Claves de la Razón Práctica. nº 140, 2004. pp. 38-39.

[8] J. Urdánoz Ganuza, op. cit., pp. 65

[9] J.M. Colomer, op. cit., pp. 38-39.

[10] Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 19 de junio de 1985, artículo 162.1.

[11] Constitución Española de 1978, artículo 68.1.

[12] Constitución Española de 1978, artículo 68.2.

[13] Ley Orgánica del Régimen Electoral General (19 de junio de 1985), artículos 162.2 y 162.3. Este cálculo se realiza para cada cita electoral y sus resultados se recogen en la correspondiente convocatoria.

[14] Ley Orgánica del Régimen Electoral General (19 de junio de 1985), artículo 163.1.

[15] Como escribe J. Urdánoz: <como si unos tuvieran más votos que otros: es que uno tienen más votos que otros, a no ser que confundamos la noción de voto con la de mera papeleta. >> en: J. Urdánoz Ganuza, op. cit., pp. 58.

[16] J.R. Montero, “Reformas y panaceas del sistema electoral”. Claves de la Razón Práctica. Nº 99, 2000, pp. 32-38.

[17] J. Urdánoz Ganuza, op. cit. , pp 61.

[18] J. Urdánoz expresa una consideración muy pertinente a este respecto: que Teruel fuese la provincia cuyos ciudadanos estaban mejor representados en las Cortes no impidió que en 2000 sus habitantes se manifestaran por millares en las calles reivindicando infraestructuras e inversiones al grito de “Teruel existe”. J. Urdánoz Ganuza, Ibídem, pp. 67.

[19] J. Urdánoz Ganuza, Ibídem, pp. 58-62.

[20] J.R. Montero, op. cit., pp. 32-33.

[21] J.M. Colomer, op. cit. pp. 38.

ANEXOS:

1. Ejemplo de funcionamiento de Ley d’Hont

Como recoge con el artículo 163. 1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985:

La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas:

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas.

c) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.

Lo aplicamos a modo de ejemplo a los datos electorales correspondientes a la circunscripción de Girona en 2000:

	Partidos	Votos	Porcentajes
1º	CIU	121.116	41,04
2º	PSC-PSOE	83.741	28,38
3º	PP	46.992	15,93
4º	ERC	25.534	8,65
5º	IC-V	5.346	1,81
6º	EUIA	4.644	1,57
7º	EV-AV	1.790	0,61
…	…	…	…

De las candidaturas listadas, deberíamos eliminar inicialmente aquellas que no alcanzasen un porcentaje mínimo de votos del 3%, en este caso las de EV-AV, EUIA y IC-V. De esta manera sólo 4 candidaturas accederían al posterior reparto de escaños: ERC, PP, PSC-PSOE y CIU.

A continuación, se elabora una tabla con los partidos cuyas candidaturas han pasado el corte, junto con el número de votos y los respectivos cocientes de esta cifra hasta el número igual de diputados de esa circunscripción. En el caso de Girona en 2000 fueron 5.

	Partidos	Votos	/1	/2	/3	/4	/5
1º	CIU	121.116	121.116	60.558	40.372	30.279	24.223
2º	PSC-PSOE	83.741	83.741	41.870	27.913	20.935	16.748
3º	PP	46.992	46.992	23.496	15.664	11.748	9.398
4º	ERC	25.534	25.534	12.767	8.511	6.383	5.106

En términos sencillos, se puede decir que consiste en ordenar los partidos en función de su número de votos junto con los diferentes resultados de dividir esos votos por cada uno de los número entre el 1 y el número total de diputados para la circunscripción. A continuación, sólo queda escoger los 5 cocientes más altos, uno por cada diputado, para saber a qué partido hemos de asignarlo. En otras palabras, de entre todos los cocientes, “tacharemos” los 5 más altos sin repetir ninguno y asignaremos un diputado a cada partido que cuente con una de sus casillas tachadas:

	Partidos	Votos	/1	/2	/3	/4	/5
1º	CIU	121.116	121.116	60.558	40.372	30.279	24.223
2º	PSC-PSOE	83.741	83.741	41.870	27.913	20.935	16.748
3º	PP	46.992	46.992	23.496	15.664	11.748	9.398
4º	ERC	25.534	25.534	12.767	8.511	6.383	5.106

Así obtendremos el resultado final: a CIU le corresponderán 2 diputados, al PSC-PSOE otros 2, al PP 1 y ERC no obtendría ninguno por este sistema.

FUENTE: Elaboración propia a partir de: Terra Noticias, especial elecciones 2004, Ley d’Hont: http://terranoticias.terra.es/elecciones-2004/ley-dhont/

2. Efectos del sistema electoral sobre la proporcionalidad y la representatividad

Elecciones generales 2008
					Voto desigual		Vulnerabilidad
		Escaños	Electores	Electores por escaño	Nº votos por elector		Proporcionalidad
1	Barcelona	31	3.879.777	125.154		1	3,1%
2	Madrid	35	4.324.491	123.557		1,01	2,8%
3	Sevilla	12	1.441.249	120.104		1,04	7,7%
4	A Coruña	8	949.771	118.721		1,05	11,1%
5	Vizcaya	8	931.187	116.398		1,08	11,1%
6	Valencia	16	1.858.151	116.134		1,08	5,9%
7	Asturias	8	911.832	113.979		1,10	11,1%
8	Pontevedra	7	769.177	109.882		1,14	12,5%
9	Córdoba	6	626.595	104.433		1,20	14,3%
10	Málaga	10	1.043.994	104.399		1,20	9,1%
11	Cádiz	9	936.786	104.087		1,20	10,0%
12	Zaragoza	7	710.132	101.447		1,23	12,5%
13	S.C. de Tenerife	7	702.933	100.419		1,25	12,5%
14	Granada	7	684.556	97.794		1,28	12,5%
15	Alicante	12	1.170.066	97.506		1,28	7,7%
Media/total		350	33.724.551	96.356		1,30	. . .
16	Murcia	10	947.154	94.715		1,32	9,1%
17	Cantabria	5	466.163	93.233		1,34	16,7%
18	Guipúzcoa	6	558.430	93.072		1,34	14,3%
19	Las Palmas	8	743.571	92.946		1,35	11,1%
20	Navarra	5	458.899	91.780		1,36	16,7%
21	Badajoz	6	535.937	89.323		1,40	14,3%
22	Tarragona	6	532.798	88.800		1,41	14,3%
23	Illes Balears	8	692.664	86.583		1,45	11,1%
24	Jaén	6	519.138	86.523		1,45	14,3%
25	Valladolid	5	423.884	84.777		1,48	16,7%
26	Cáceres	4	335.783	83.946		1,49	20,0%
27	León	5	414.833	82.967		1,51	16,7%
28	Castellón	5	404.844	80.969		1,55	14,3%
29	Toledo	6	479.927	79.988		1,56	14,3%
30	Girona	6	479.424	79.904		1,57	14,3%
31	Ciudad Real	5	392.214	78.443		1,60	16,7%
32	Huelva	5	379.765	75.953		1,65	16,7%
33	Lugo	4	303.228	75.807		1,65	20,0%
34	Lleida	4	300.315	75.079		1,67	20,0%
35	Albacete	4	296.798	74.200		1,69	20,0%
36	Burgos	4	291.091	72.773		1,72	20,0%
37	Salamanca	4	289.734	72.434		1,73	20,0%
38	Almería	6	424.825	70.804		1,77	14,3%
39	Ourense	4	282.184	70.546		1,77	20,0%
40	Álava	4	243.731	60.933		2,05	20,0%
41	La Rioja	4	229.880	57.470		2,18	20,0%
42	Huesca	3	171.360	57.120		2,19	25,0%
43	Zamora	3	166.396	55.465		2,26	25,0%
44	Ceuta	1	55.450	55.450		2,26	50,0%
45	Guadalajara	3	165.865	55.288		2,26	25,0%
46	Cuenca	3	161.495	53.832		2,32	25,0%
47	Palencia	3	144.742	48.247		2,59	25,0%
48	Melilla	1	47.359	47.359		2,64	50,0%
49	Ávila	3	138.029	46.010		2,72	25,0%
50	Segovia	3	121.601	40.534		3,09	25,0%
51	Soria	2	73.819	36.910		3,39	33,3%
52	Teruel	3	110.524	36.841		3,40	25,0%

FUENTE: Urdanoz (2008) en Claves de la Razón Práctica 180, a partir del Decreto de Convocatoria de las elecciones (15 de enero de 2008) y el Censo Electoral de Diciembre de 2007.

Para calcular el número de votos como elector se ha partido de la situación de la provincia de Barcelona, cuyos habitantes son los más infrarrepresentados. A ellos se les ha asignado un voto por papeleta y se calculó en el resto de circunscripciones con respecto a esta cifra.

El porcentaje que muestra la columna de la izquierda, “vulnerabilidad”, muestra el porcentaje mínimo aproximado de votos que una candidatura deberá obtener para asegurarse un escaño. Cualquier candidatura con un porcentaje inferior tendrá serias dificultades para conseguirlo, siempre en función del número de candidaturas que se presentan y la distribución del voto, es decir, de lo repartido que esté el voto.

3. Ganadores y perdedores del sistema electoral

Desproporcionalidad		Ganadores						Perdedores
(% de escaños mal repartidos)		(% de escaños extra)						(% de votos sustraídos)
(% de escaños mal repartidos)		1er partido		2º partido		Nacionalistas A		Nacionales		Nacionalistas B
1977	17.08%	UCD	12.59%	PSOE	4.06%	PDCP	0.43%	PCE	15.05%	PNV	2.03%
1979	17.20%	UCD	12.90%	PSOE	3.90%	CIU	0.40%	PCE	13.83%	EE	3.37%
1982	13.60%	PSOE	9.20%	AP-PDP	4,00%	EAJ-PNV	0.40%	UCD	10.57%	CIU	3.37%
1986	12.51%	PSOE	8.14%	AP-PDP-PL	3.80%	CIU	0.57%	IU	10.16%	PA	2.35%
1989	14.84%	PSOE	9.90%	PP	4.50%	CIU	0.44%	IU	12.4%	PA	2.44%
1993	11.59%	PSOE	6.10%	PP	5.00%	EAJ-PNV	0.49%	IU	7.9%	CIU	3.69%
1996	7.80%	PP	5.26%	PSOE	2.15%	EAJ-PNV	0.39%	IU	5.5%	BNG	2.3%
2000	7.95%	PP	6.71%	PSOE	0.75%	CIU	0.49%	IU	4.7%	CIU	3.25%
2004	7.44%	PSOE	3.32%	PP	3.73%	EAJ-PNV	0.39%	IU	4.78%	CIU	2.66%

FUENTE: Urdanoz (2008) en Claves de la Razón Práctica 180, a partir del Decreto de Convocatoria de las elecciones (15 de enero de 2008) y el Censo Electoral de Diciembre de 2007.

AP: Alianza Popular. BNG: Bloque Nacionalista Galego. CIU: Convèrgencia i Unió. EAJ-PNV: Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco. EE: Euskadiko Ezkerra. IU: Izquierda Unida. PA. Partido Andalucista. PCE: Partido Comunista de España. PDCP: Pacto Democrático por Cataluña. PDP: Partido Demócrata Popular. PL: Partido Liberal. PP: Partido Popular. PSOE: Partido Socialista Obrero Español. UCD: Unión de Centro Democrático.

Esta tabla representa el porcentaje de escaños que, teniendo en cuenta el porcentaje de votos de cada partido, ha sido asignado de forma no proporcional. Se divide a su vez entre los porcentajes de aquellos que se beneficiaron con escaños para los que proporcionalmente no tenían votos y los porcentajes de los que aun teniendo votos en cantidad suficiente no obtuvieron escaños.

Se han desglosado los resultados obtenidos por los dos principales partidos de cada convocatoria para evidenciar el efecto sobrerrepresentador del sistema con independencia de la adscripción ideológica de la formación beneficiada.

En el caso de los partidos de nacionalistas o de ámbito regional, se han dividido en “ganadores” y “perdedores” para reflejar el hecho de que el sistema no tiene un comportamiento sistemático para con ellos, sino que les sobrerrepresenta o infrarrepresenta dependiendo de factores ajenos a éste, como la concentración del voto, etc. En cualquier caso, la desviación es siempre escasa, en muchos casos desechable. Los porcentajes mostrados en la tabla no corresponden a las siglas correspondientes exclusivamente, sino al conjunto de partidos nacionalistas beneficiados y perjudicados correspondientemente. Las siglas mostradas son las de aquella formación más afectada en cada caso.

El caso de los partidos nacionales perjudicado es el mismo, las siglas sólo representan el principal partido de entre todos los afectados.

4. Información sobre los gobiernos surgidos entre 1977 y 2004

		Tipo de gobierno
Partido en el gobierno	Duración absoluta del gobierno	Mayoría de coalición	Gobierno parlamentario	Apoyo
UCD	1977-1979 (21 meses)	No	No	…
UCD	1979-1981 (23 meses)	No	No	Sí (UCD-CD-PSA-PAR-UPN)
UCD	1981-1982 (20 meses)	No	No	Sí (UCD-CD-PSA-PAR-UPN)
PSOE	1982-1986 (42 meses)	Sí	No	No
PSOE	1986-1989 (40 meses)	Sí	No	No
PSOE	1989-1993 (44 meses)	Sí	No	No
PSOE	1993-1995 (33 meses)	No	No	Sí (CIU, PNV)
PP	1996-2000 (48 meses)	No	No	Sí, (CIU, PNV)
PP	2000-2004 (48 meses)	Sí	No	No
PSOE	2004-2008 (48 meses)	No	No	Sí (IU, ERC)

FUENTE: R.R. Rufino, La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los diputados. Documentos de Trabajo (Fundación Alternativas, 19), 2006. Solo en formato digital, disponible en: http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/propuestas-para-la-reforma-del-sistema-electoral-espanol

CD: Coalición Democrática. ERC: Esquerra Repubicana de Catalunya. IU: Izquierda Unida. PAR: Partido Aragonés Regionalista. PSA: Partido Andalucista. PP: Partido Popular. PSOE: Partido Socialista Obrero Español. UCD: Unión de Centro Democrático. UPN: Unión del Pueblo Navarro.

En la tabla se muestran la duración y características de los gobiernos democráticos desde el 77 al 2004. La columna “mayoría de coalición” indica si el grupo parlamentario que apoya al gobierno cuenta con mayoría absoluta o no y la columna “gobierno parlamentario” hace referencia a un posible gobierno de coalición formado entre dos grupos parlamentarios, posibilidad que nunca se ha dado.

Por lo demás, el cuadro muestra como, con la excepción singular de los dos primeros gobiernos “de transición”, los restantes gobiernos han gozado de una duración y estabilidad notables, ya sea gracias a mayorías absolutas o a pactos de legislatura relativamente asequibles.

Bibliografía:

- J. Urdánoz Ganuza, “Ingeniería del sufragio. Artimañas electorales vs. valores democráticos”. Claves de la Razón práctica. Nº 180, 2008, pp. 58-67.

- J. Urdánoz Ganuza, “Umbrales de representatividad y proporcionalidad”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Nº 121, 2008, pp. 133-166.

- J.M. Colomer, “Breve historia del Sistema Electoral en España”. Claves de la Razón Práctica. Nº 140, 2004. pp. 34-39.

- J.R. Montero, “Reformas y panaceas del sistema electoral”. Claves de la Razón Práctica. Nº 99, 2000, pp. 32-38.

- R.R. Rufino, La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los diputados. Documentos de Trabajo (Fundación Alternativas 19), 2006. Solo en formato digital, disponible en:

http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/propuestas-para-la-reforma-del-sistema-electoral-espanol

- C. Powel, España en democracia, 1975-2000. Las claves de la profunda transformación de España. Plaza Janés, Barcelona 2001.

- J.M. Maraval, La política de la transición 1975-2000. Taurus, Madrid 1981.

Los trastos de la memoria

El sistema electoral Español